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El cierre de Kraft provocará un incremento del 33 por ciento en el número de parados en el sector industrial de la Isla, por este motivo es importante la búsqueda de estrategias comunes y el trabajo conjunto de los sectores implicados y de la sociedad menorquina en general para impedir el desmantelamiento, sin justificación económica, de una planta que genera cerca de 400 puestos de trabajo directos e indirectos en Menorca. Esta fue una de las conclusiones de las reuniones de la mesa Mesa Láctea y del Consejo Agrario celebradas ayer en Ciutadella y a la que asistieron en conjunto 29 organizaciones y entidades del sector agropecuario e industrial de Menorca, además de la consellera insular de Agricultura, Antònia Allès y la directora general del ramo del Govern, María José Suasi. Destacó además la presencia del jefe de producción y el veterinario de Kraft en la Mesa Láctea y del comité de empresa de Kraft en el Consell Agari. (más…)

El alcalde de Es Mercadal, Ramon Orfila, planteará ante la comisión ejecutiva de la FELIB (Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears) el análisis de un borrador de decreto ley que prepara el Govern para impulsar las inversiones dentro del sector turístico y que, según el edil nacionalista, socava las competencias municipales y supone un agravio para otros sectores productivos.

Con el objetivo de agilizar y apoyar las inversiones y mejoras de los establecimientos turísticos, el decreto que elabora el gobierno autonómico suprimiría algunos requisitos legales, como la solicitud de licencia previa para obras de mejora y el inicio de actividades a los ayuntamientos, que se limitarían a realizar una comprobación posterior de los proyectos.

Orfila se manifestó ayer a favor de que se agilicen los procedimientos administrativos y se reduzca el plazo de los trámites municipales “en ocasiones farragosos”, pero no a costa de que se permita el inicio de obras sin licencia, ya que, afirmó, una de las obligaciones de los consistorios es “el control de la legalidad”.

En opinión del miembro del consejo ejecutivo de la FELIB, el decreto podría “encubrir”, amparado en la situación de crisis económica, “un intento de dar impunidad al sector turístico”, impunidad de la que no gozarían el resto de sectores o la ciudadanía en general.