Vigilancia de la costa

Su origen es confuso, pues no encontramos ningún decreto, ya fuese de un rey, o de algún general, por el cual se creaba el “Camí de Cavalls”. Sin embargo, si podemos afirmar que en el siglo XVIII ya existía un camino, esencial en una época donde las invasiones únicamente se llevaban a cabo por mar, que costeaba la isla y que era utilizado fundamentalmente por los militares, de cara a la vigilancia de la costa.

En el Archivo Histórico de Mahón, en el Libro de Acuerdos de 1731 a 1736, ya se encuentran documentos que hacen referencia a un camino que circunvalaba la isla. En una orden del gobernador Richard Kane a los alcaldes de la isla se puede leer: «El viejo Camino Real que pasa alrededor de la Isla en la Costa de la Marina se debe señalar anualmente en el mes de marzo con ramas verdes a poca distancia unas de otras; y tanto dichas barreras como el señalar será a cargo de los sujetos que habitan en el territorio por donde pasa el camino. Y sí el dicho Camino Real en alguna parte se halla muy distante del mar y que pudiese caber más cerca se le debe mudar tan confinante al mar como sea posible de pasar a caballo».

Ahora bien, de lo que no hay duda es que, juntamente con este uso militar, se creó un uso civil. Hecho documentado es que paseaban por él los payeses, los pescadores, y también aquellos que iban a dar un simple paseo.

Josep María Quintana, autor de un dictamen sobre la naturaleza jurídica del “Camí de Cavalls”, remarcaba que, en su opinión, no se trataba de un camino definido con paredes y barreras sino que era lo que se conoce en el mundo del Derecho como “una servidumbre”.

Uso militar y uso civil

En este sentido, el “Camí de Cavalls” se debe considerar históricamente como una servidumbre de paso pública impuesta sobre determinadas fincas privadas (ej.: inscripción de la finca de Sant Adeodat, Es Migjorn, en el Registro de Propiedad) por causas de utilidad pública (militares, civiles o mixtas), adquirida por prescripción inmemorial.

El tránsito por el camino era y ha sido siempre libre como consecuencia de ser una servidumbre pública, en los términos que resulten de los documentos aportados y de los testimonios que aporta la memoria popular.

La no utilización por el Ejército que se deriva del escrito del General Gobernador Militar de Menorca el año 1961 no implica la extinción de la servidumbre. Es, en todo caso, un acto que demuestra la no utilización del camino por el Ejército desde esa época, pero que, por sí mismo, no ha impedido, de manera general, el tránsito libre de ciudadanos ni presupone la prescripción extintiva de la servidumbre.

A partir de estas consideraciones, cabe reconocer subsistente, en principio, la servidumbre pública del “Camí de Cavalls” sobre fincas costaneras de Menorca, la cual ampara el libre derecho de paso por las fincas afectadas, aunque, a priori, no puede descartarse que se haya producido algún caso de prescripción extintiva.

En definitiva, se debe acceder o salir al “Camí de Cavalls” desde un lugar público, nunca atravesando una propiedad privada si el propietario lo impide expresamente. En los supuestos en los que el propietario si permita el derecho de paso, se deben respetar normas como la de cerrar las barreras una vez pasadas, para evitar que el ganado huya y ocasione graves responsabilidades para el propietario y perjuicios a terceros.

Considerado patrimonio histórico de la isla y declarado bien de interés cultural por la CAIB, actualmente se llevan a cabo trabajos en torno a la recuperación del trazado original del camino, además de tareas de diálogo con los propietarios de fincas que prohíben el acceso a las mismas. Para más información, consultar el Pla Especial del Camí de Cavalls de L’Illa de Menorca (Consell Insular de Menorca); y la Ley 13/2000 de 21 de diciembre, del Camí de Cavalls de Menorca.

Esta ley tiene como objeto establecer un paso público, establecido sobre el trazado original del Camí de Cavalls, afecto a dominio público o servidumbre de paso, el uso del cual es de interés de los ciudadanos, con el objeto de permitir el uso general, libre y gratuito, como medio para conseguir la recuperación y el restablecimiento, y utilizar con este fin todos los instrumentos legales que contiene el articulado. La titularidad del mismo se atribuye al Consell de Menorca (art.3).

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